Un juez local suspendió provisionalmente el contrato entre la ciudad de Sao Paulo y F1, lo que podría estropear la continuidad de la serie en Brasil.
La Prefectura firmó un contrato de cinco años con el cual el autódromo de Interlagos recibirá al Gran Circo hasta 2025, en parte gracias a la llegada de un promotor nuevo, Brasil Motorsport, controlada por Mubadala, una empresa de inversión global de Abu Dabi.
Sin embargo, el Concejal Rubens Nunes reveló, mediante documentos, que el contrato implica un pago de casi 19 millones de dólares durante este plan quinquenal (3.6 millones por año), provenientes de recursos públicos, lo cual no sucedía en los convenios anteriores.
En 2016, cuando Bernie Ecclestone todavía era el mandamás de F1, acordó con el promotor en turno (una subsidiaria de Globo TV) no pagar la tarifa correspondiente a la organización de las ediciones de 2018, 2019 y 2020. La ciudad sólo se encargaba del mantenimiento de la pista.
Esto, junto con alegatos como la omisión de un proceso de licitación para elegir al promotor, propiciaron la orden del Juez Emilio Migliano Neto para suspender el contrato nuevo. La parte acusada (es decir, la Prefectura de Sao Paulo y su Alcalde Bruno Covas) tiene cinco días para presentar pruebas favorables.
“Estos hechos revelan sin duda alguna que, al menos en esta fase cognitiva sumaria, se están violando explícitamente los principios de publicidad y transparencia”, dijo el magistrado.
“Por esta razón, es necesario suspender la ejecución del contrato en cuestión, a fin de evaluar si efectivamente hubo recursos (públicos) para cubrir los gastos”.
O Prefeito Bruno Covas fez um contrato sem licitação com o GP da F1 e ainda colocou sob SIGILO.
Como o paulistano vai pagar R$ 100 milhões em um contrato que ele nem sequer sabe do que se trata?
Felizmente a Justiça acatou minha ação e barrou esse absurdo! pic.twitter.com/zCTFAC8Geq
— Rubinho Nunes (@RubensNunesMBL) January 12, 2021
Tras los cambios en el calendario 2021 de F1, Sao Paulo sería anfitriona el 7 de noviembre.
Nunes, fundador y coordinador de Movimento Brasil Livre (MBL), que jugó un papel clave en el juicio político a la ex presidenta Dilma Roussef, argumenta que, por más importante que F1 sea para el país, no se pueden celebrar contratos sin licitación, en secreto y con una empresa creada hace unos días.
«¿Cómo los paulistas van a pagar 100 millones de reales en un contrato que ni siquiera saben de lo que se trata?», escribió en Twitter.
